Para ello proponemos la lectura de este largo pero interesante artículo.
Desahucios y banca: el drama no contado
por Pepe Rusiñol
Y
350.000 ejecuciones hipotecarias después, los dos grandes partidos y la
patronal bancaria dijeron que había que hacer algo con el drama de los
desahucios.
Dicho y hecho. En tiempo récord.
Pero
la historia es demasiado compleja como para resolverla encerrados en un
cuarto durante dos días. Y arranca muchos años atrás.
I. La crisis mundial
Sería
imposible entender el drama de los centenares de miles de personas
desahuciadas en España sin la revolución neoliberal que arranca con la
victoria de Margareth Thatcher y Ronald Reagan
a principios de la década de 1980. La onda expansiva de la
liberalización total llegó al sistema financiero una década más tarde de
la mano de los progresistas Tony Blair y Bill Clinton, que en un santiamén finiquitaron todo el modelo bancario mundial construido tras el crash de 1929 como “vacuna” para prevenir crisis futuras.
Ese
modelo desmantelado era aburrido, sí: los bancos guardaban el dinero de
sus clientes y otorgaban créditos e hipotecas. La pequeña diferencia
entre los intereses que cobraban y los que ofrecían era la base de su
negocio. Márgenes pequeños y vida poco glamurosa. Pero una garantía para
el sistema: el negocio estaba sobre todo en asegurarse de que las
hipotecas se iban a devolver.
El
nuevo modelo de “creatividad financiera”, invirtió la lógica. El
crédito o la hipoteca pasaron a ser solo el punto de origen de un bucle
que conducía, a través de las titulaciones, los derivados y los
complejos productos estructurados, al nuevo Eldorado con márgenes de
ensueño. El objetivo pasó a ser firmar cuantas más hipotecas, mejor. Sin
preocuparse de si el cliente tenía posibilidades reales de devolverla.
Suscrita la hipoteca, se titulizaba, y se movía. Aquí empezaba el
negocio.
Una revolución de esta magnitud tiene necesariamente muchos padres, pero entre todos destacó Robert Rubin.
De directivo de Goldman Sachs pasó a secretario del Tesoro de Clinton
(1995-1999) y, una vez firmadas las reformas, desembarcó como jefazo de
Citigroup.
Obviamente,
los centenares de miles de personas que habían recibido un crédito
hipotecario sin posibilidad de devolverlo dejaron de pagar en algún
momento y fueron desahuciados. Con ello pinchó toda la burbuja y hasta
Rubin tuvo que salir de Citigroup en 2009, con el crash
desbocado y su banco nacionalizado, aunque sin devolver jamás los 126
millones que se embolsó en sus ocho años al frente de la entidad.
II. España en crisis
Por
mucho que las autoridades recibieran aquí el seísmo como si de una
brisa se tratara, España estaba desde el principio en el epicentro del crash.
No era necesario ser un genio para intuirlo: la burbuja española del
ladrillo era de las más visibles del mundo: los precios de los pisos se
habían multiplicado por tres en solo diez años; el número de viviendas
construidas se cuadriplicó y nunca antes hubo tanta gente a la vez
convirtiéndose (supuestamente) en dueños de sus propias casas, hasta
alcanzar una tasa del 83% de propietarios.
El sistema financiero estaba, en consecuencia, agujereado por todos lados. Pero la respuesta del establishment
político y financiero fue negar la mayor y subrayar que el sistema
financiero español era “el mejor del mundo”. Con un problema: ello
exigía tratar como sanos a bancos y cajas que oscilaban entre una
enfermedad muy severa y otra terminal.
No
es cierto que solo las cajas tengan problemas como consecuencia del
estallido de la burbuja del ladrillo. Es el conjunto del sistema el que
está con respiración asistida, necesitado de ingentes cantidades de
dinero público. Las inyecciones directas —que rondan los 50.000 millones
de euros— se han concentrado en las cajas en estado terminal —la mitad,
hacia Bankia—, pero la movilización exigida de fondos públicos,
españoles o europeos, es muy superior.
Los
avales ya suman otros 100.000 millones. Los créditos al 1% que
concedidos por el Banco Central Europeo a las entidades españolas, otros
255.000 millones. Finalmente, el rescate bancario prevé una línea de
otros 100.000 millones.
El
total de fondos de origen público movilizado hacia la banca ronda pues
los 500.000 millones de euros. Y como el objetivo ha sido mantener la
apariencia de que el paciente está sano, ahí surge un incómodo “daño
colateral”: el desalojo de los centenares de miles de hipotecados
incapaces de seguir pagando.
Las
leyes españolas no son como las de EEUU. De entrada, aquí no existe la
dación en pago: si alguien deja de pagar, pierde la vivienda pero
mantiene la deuda con la entidad financiera, que se contabiliza a partir
de la subasta del piso, por el que el mismo banco suele pagar una
cantidad irrisoria.
Son
leyes extremadamente duras para el desahuciado. Pero muy buenas para
mantener la ficción del sistema financiero sano antes de que la UE
empezara a husmear: con el impago de la hipoteca, se iniciaba el
ejercicio creativo que permitía transformar la debilidad contable en
solidez. La hipoteca no atendida se transformaba en una nueva deuda,
viva. Y lo importante: irrumpía en los balances el piso del desahuciado
ya como un activo propio y a precio hinchado, de los tiempos del boom: durante un tiempo, se pudieron guardar las apariencias. Pero con un coste social altísimo.
Este
es el problema de tener bancos zombis como si estuvieran sanos: durante
años, lo importante para los bancos era mantener los pisos con su valor
contable, aunque estuvieran vacíos. Venderlo a precio de mercado
necesariamente comportaba anotar pérdidas que no podían permitirse. Y no
ejecutar los desahucios hubiera significado contabilizar una hipoteca
impagada sin poder anotarse el piso como activo propio; algo así como
tener que reconocer la propia enfermedad.
Es
un esquema increíble, que exigía centenares de miles de personas a la
calle manteniendo su deuda y, en paralelo, centenares de miles de pisos
vacíos. Todo con el objetivo de ganar tiempo para que ni Europa ni los
mercados descubrieran el truco, con la esperanza de que la tormenta
amainara, los precios volvieran a subir y, finalmente, los activos
pudieran venderse al precio contable sin tener que anotar pérdidas.
No
hay excepciones significativas en la gran banca. Es el conjunto del
sistema financiero el que se ha beneficiado de los 500.000 millones
citados y es el conjunto del sistema el que ha sido implacable con los
desahucios para mantener la ficción de la buena salud: las ejecuciones
superan ya las 350.000 en cuatro años, a un ritmo cada vez mayor en la
medida en que la crisis se ha ido agravando: en el segundo trimestre de
este año, la media escaló hasta las 512 ejecuciones por día. Y a
repartir entre todos los grandes del sector, no solo las cajas.
La
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la red de activistas que
durante años clamó casi en solitario contra el drama, tiene
contabilizado un muestreo sobre 6.000 ejecuciones: encabeza el ranking,
con el 16%, Bankia —que ha recibido una inyección de fondos públicos
directos de 23.400 millones en capital—. Pero le siguen de cerca el BBVA
(12%%), el Banco Santander (10%) y Caixabank (8%).
A
principios de 2011, cuando ya se superaban las 250.000 ejecuciones, el
clamor social en favor de la dación en pago —liderado por la PAH con el
apoyo de partidos minoritarios de izquierda—forzó un debate en el
Congreso que se aguó por la vía administrativa de las subcomisiones de
estudio. Bastó una carta de la patronal bancaria a la ministra de
Economía, Elena Salgado, y una advertencia de Fitch Ratings
para sepultar el debate: estaba en peligro, advertían, la credibilidad
misma de España y la solvencia de su supuestamente saneado sistema
financiero. Era verdad: sin esta ficción, el modélico sistema financiero
español hubiera aparecido desnudo. Es decir, zombi.
III. Partidos dependientes
El tronco central del sistema de partidos español —el PSOE, el PP y
CiU—ha cerrado siempre el paso durante todos estos años de sangría a
cualquier iniciativa que aliviara la tensión de las familias con costes
para la banca con el argumento de que la sanación del sistema financiero
es el requisito básico para que vuelva el crédito y, con él, el
crecimiento.
Es
un buen argumento, aunque pase por encima de que la mayoría de
entidades no sanarán haciendo pasar lo suyo por un resfriado. Pero hay
otros factores que ayudan a entender por qué los principales partidos
—los más comprometidos con la “razón de Estado”— han avalado este
esquema de dramáticas consecuencias.
El
más importante es la propia financiación de la maquinaria del Estado.
Como los Gobiernos renunciaron a una reforma fiscal de verdad —“bajar
los impuestos es de izquierdas”, llegó a proclamar Zapatero—,
cada vez son más dependientes de que los agentes de los mercados
—básicamente, el sector financiero y sus múltiples ramificaciones—
compren los bonos que les permite financiase.
La
ficción sobre la solidez del sector financiero español podía durar unos
meses, pero en seguida el mundo y los mercados desconfiaron y la prima
de riesgo empezó a subir, azuzada además por la crisis general de la
eurozona. La falta de agentes interesados en comprar deuda española por
considerarla poco segura encarece necesariamente el precio de emisión. Y
hace aún más dependiente al Gobierno de los que siguen acudiendo a las
sucesivas subastas. Sin ellos, entraría en bancarrota.
Y
desde hace meses, ya solo acude a las subastas el sector financiero
español. Sin ninguna vocación de ONG. Esto es poder de verdad.
Pero
incluso si esta “capacidad de persuasión” tan contundente llegara a
fallar, también en España se ha dado el fenómeno de la “captura del
regulador” con la misma intensidad que en la mayoría de países
occidentales tras la crisis: destacadísimos directivos del sector
financiero han desembarcado en los puestos económicos clave la
Administración.
El ministro de Economía, Luis de Guindos,
no solo era el primer ejecutivo de Lehman Brothers en la península
cuando el banco quebró, sino que saltó al ministerio desde el consejo de
Banco Mare Nostrum (BMN); el número dos de Presidencia llegó al puesto
desde la jefatura jurídica del Banco Santander, al frente del ICO está
un directivo del BBVA, el secretario del Tesoro procede de Barclays…
Y luego, la peccata minuta:
la dependencia directa de los partidos respecto a la banca no ha dejado
de crecer ante sus endémicos problemas de financiación. La banca ha
acudido al rescate con generosidad. La deuda del PP pasó de 16 a 59
millones solo entre 2005 y 2007 —el último ejercicio fiscalizado por el
Tribunal de Cuentas—; el Banco Santander restructuró en 2006 una deuda
del PSOE vencida en 1990 que supuso una condonación de al menos 3,5
millones; La Caixa “restructuró” al PSC su deuda vencida de 7 millones y
facilitó a CiU otra “restructuración” de 15 millones en condiciones
excepcionales, al tiempo que mostró gran comprensión con Unió, el socio
pequeño de la coalición nacionalista, el más ahogado de todos: el
partido de Josep Antoni Duran Lleida recauda entre sus militantes 90.000 euros al año y acumula una deuda con la banca de 12 millones, la mayor parte con La Caixa.
IV. Silencio en los medios
Los
liberales suelen confiar en que si algún grupo de presión logra
“capturar” la política y las instituciones, siempre quedará la prensa
como guardián de la libertad.
Y
sin embargo, salvo algunas excepciones, los grandes medios parecen
descubrir también ahora un drama que acumula ya 350.000 ejecuciones —es
decir, familias incapaces de afrontar la hipoteca y en camino de
desahucio— y que se estaba produciendo a plena luz del día.
Algunos
le han dedicado muchas páginas coloristas, pero lejos del nexo que une a
los desahuciados con los que piden la ejecución, la única forma de
llegar a entender un poco lo que sucede. La Vanguardia,
asombrada por lo que acaba de descubrir, incluso escribe estos días que
las reivindicaciones de la PAH se situaban hasta hace poco en el
“exotismo alternativo” a pesar de que la entidad nació ya con decenas de
miles de expedientes ejecutados.
En
realidad, la “captura del regulador” se ha extendido también a los
medios tradicionales. El pinchazo de la burbuja les pilló con deudas
inasumibles, que han acabado transformándose en capital de las
respectivas empresas. La crisis ha cambiado la estructura de capital de
todos los grandes medios de España, que en la práctica han sido
absorbidos por el sector financiero, como ha contado en sucesivos
informes la revista satírica Mongolia.
El grupo Prisa —El País y la Ser— ya no es de la familia Polanco, sino de un pool bancario encabezado por El Banco Santander, HSBC y Caixabank; El Mundo
depende en buena medida de la banca italiana; los agujeros de
Vocento-ABC han sentado en el consejo al Banco Santander y el BBVA; el
dueño de Antena3-LaSexta-La Razón es vicepresidente del Banco Sabadell; el hombre fuerte del consejo de Zeta-El Periódico es un ex consejero de Bankia muy bien conectado con La Caixa, y el dueño del Grupo Godó y La Vanguardia es vicepresidente de La Caixa.
El
drama social de los desahucios se ha hecho tan insoportable que los
grandes partidos han acordado solemnemente actuar, ahora que la ficción
de la banca sana ya no es creíble para nadie y que la UE ha impuesto la
creación del “banco malo”.
Y los grandes medios se han felicitado por el acuerdo.
Pero los zombis siguen siendo zombis. Y los 350.000 desahuciados, 350.000 desahuciados.
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