La peligrosa propuesta de Conde-Pumpido

Demokrazia une larria bizitzen ari da Espainiako Gobernuak, Estatuko Fiskalaren bidez, egin duen proposamenaren harira. Gogoeta serio bat egin behar da politika maila guztietan atzerapauso larri hau gauzatu ez dadin, ondorioak hagitz gogorrak izan baitaitezke.

El Gobierno Español, por medio del Fiscal General del Estado, ha propuesto que se modifique la Ley de Bases de Régimen Local (ley que regula el funcionamiento de los ayuntamientos) para "expulsar a los concejales procedentes de partidos ilegalizados de las corporaciones en las que todavía gobierna en Navarra y la CAV", la modificación tendría por objeto que ANV no siga detentando el gobierno en municipio alguno, aunque, tal como se plantea, podría producir numerosas consecuencias colaterales. Según declaraciones del Ministro Chaves realizadas hace algunos días, el gobierno estaría estudiando proponer al parlamento la modificación del artículo 61 de la LBRL, que dice lo siguiente:

Artículo 61.
1. El Consejo de Ministros (...) previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.

A pesar de que el citado artículo es bastante taxativo, jurídicamente no resulta suficiente para poder disolver las corporaciones por decisión exclusiva del Gobierno, dado que es necesario justificar con pruebas que se haya dado cobertura o apoyo al terrorismo o se haya menospreciado o humillado a víctimas. La propuesta del gobierno sería incorporar una frase al párrafo segundo que, según plantea Conde-Pumpido, iría en estos términos: "que sea gobernado por una mayoría de concejales que hubieran sido elegidos en la lista de un partido ilegalizado".

Sin entrar a valorar la Ley de Partidos y partiendo de la propia lógica que utilizó el gobierno de cara a las elecciónes de 2007, cabe recordar que fue el propio Gobierno, por medio del Fiscal General del Estado, quien no mostró impedimento a que las listas de los concejales de ANV que actualmente están en los ayuntamientos fueran legales y pudieran presentarse a las elecciones. Lógicamente la coyuntura política era distinta ya que había un proceso de negociación abierto en Loiola. Lo que ahora se está proponiendo en realidad es que, como esa coyuntura política ha cambiado, el Gobierno pueda directamente desposeer de su cargo a electos que cumplieron la ley en su día. Estamos, por tanto, ante una propuesta que ataca directamente a uno de los pilares de la democracia, como es la separación de poderes. Ya no sólo se legisla "ad oc", como ocurre con la Ley de Partidos, sino que también se modifica la ley para que no sea necesario que el poder judicial intervenga en la destitución de cargos, así el ejecutivo asume la función de ejecutor y juez al mismo tiempo.

Hace falta una reflexión muy seria sobre esta cuestión y una protesta enérgica por parte de todos los partidos que creen en los principios de la democracia. Cuando ésta recula todos, incluso los que ahora están en el poder, salimos perdiendo.