Cuentan los mayores que en la década de los cincuenta todas las familias navarras tenían algún miembro en la Iglesia católica. Medio siglo después, ocurría lo mismo, pero ya no con la dedicación religiosa, sino con la financiera en Caja Navarra.
En 2002 “La Caja”, como es conocida popularmente, gozaba de una posición casi de monopolio en la comunidad foral y exhibía una fama de seriedad y solvencia que la situaban a la par de las principales entidades españolas de mucho mayor tamaño. Hoy, 10 años después, la entidad ya no tiene capacidad financiera y se limita a gestionar la cuantía de la obra social que le permite su participación del 1% en Caixabank. El valor de Caja Navarra en 2009, según sus propias cuentas, era de 1.200 millones. A comienzos de 2012 su informe de auditoría lo cifraba en 258 millones, y el acuerdo de absorción en marzo pasado adjudicaba a la entidad navarra 180 millones dentro del accionariado de Caixabank. En paralelo a esta pérdida de valor, las retribuciones que percibían los miembros de su dirección aumentaron entre 2004 y 2011 un 216%.
La gestión de Caja Navarra de la última década va unida al nombre de Enrique Goñi, director general primero, copresidente de Banca Cívica después y actualmente integrado dentro de la dirección de Criteria, la corporación industrial de Caixabank. Con Goñi al frente, la entidad navarra apostó por una agresiva estrategia de expansión fuera de Navarra, incluyendo el desembarco en Euskadi con 40 sucursales y rompiendo así el acuerdo no escrito entre cajas de ahorro limítrofes de no introducirse en el área de negocio del vecino. Muestra del afán expansivo de Goñi es la inauguración en 2010 de la denominada “sede central en Estados Unidos”, en el número 1775 de la avenida de Pennsylvania de Washington, a pocos metros de la Casa Blanca y frente al Banco Mundial. La oficina sigue existiendo hoy, con rótulos y luces, pero sin personal. Solo en la imagen corporativa, con tres cambios de logotipo en 4 años, trabajaban 24 personas de una agencia externa, Bermer, que facturó una media de 600.000 euros anuales durante aquella época.
Una de las ideas estrella de Goñi fue la creación del programa Tú eliges, tú decides que permitía a los clientes mostrar su preferencia para dirigir los fondos de la obra social de la caja hacia un proyecto concreto. Caja Navarra quiso abanderar entonces un nuevo modelo financiero “transparente y participativo” que exportó después a Banca Cívica, el banco surgido de su fusión con la andaluza CajaSol, Caja de Burgos y Caja Canarias. “Que me digan qué hacen con mi pasta”, es uno de los lemas que se encontraban hasta hace poco en las paredes de las oficinas de Banca Cívica.
Otro de los debates era el de la remuneración de los cargos públicos que se sentaban en los órganos de dirección. Hasta 2010, los estatutos de Caja Navarra marcaban que su presidente era el propio jefe del gobierno foral. Fue Miguel Sanz (UPN) quien propuso a Goñi para liderar la entidad, avalado por un consejo de administración en el que se sentaban miembros del ejecutivo, parlamentarios o cargos municipales, como la entonces alcaldesa de Pamplona y hoy presidenta de la comunidad, Yolanda Barcina, que ejercía como vicepresidenta de la caja. En 2010, el entonces presidente Miguel Sanz percibió 90.000 euros en dietas de Caja Navarra, más que sueldo como jefe del Gobierno, fijado en 69.354 euros. Yolanda Barcina, entonces regidora, declaró unos ingresos totales de 143.000 euros, de los que un 55% procedía de la caja. Por su parte, el líder del PSN, Roberto Jiménez declaró públicamente haber percibido 40.000 euros.
El cambio de estatutos para “despolitizar” la entidad llevó a presidir la caja al abogado José Antonio Asiáin, exvicepresidente foral, y llevó al consejo de administración al presidente de la patronal, José Antonio Sarría, al director general de Diario de Navarra, Luis Colina, o al expresidente navarro Juan Cruz Alli. Además, creó un nuevo órgano sin funciones ejecutivas llamado Junta de Entidades Fundadoras, en el que se sentaron cargos públicos de UPN y PSN hasta que hace ahora un año la polémica sobre las dietas percibidas obligó a eliminarlo. Por cada una de las reuniones a las que acudían cobraban 1.700 euros, que subían hasta 2.600 en el caso de la presidenta. Reuniones sin función concreta en un edificio, la sede central de la avenida Carlos III de Pamplona, que fue vendido en 2010 a un grupo de clientes para obtener liquidez y será abandonado ahora por Caixabank, que quiere ahorrarse los dos millones anuales del alquiler.
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