Gai horri buruzko artikulu interesgarri bat argitaratu dute berriki Ana Barrena, Iruñeko Udaleko zinegotziak eta Xabier Lasa, Berriozarko alkateak. Segituan eskaintzen dugu artikulu osoa.
A veces -más de las que creemos- suele ocurrir que detrás de una decisión aparentemente humanitaria se esconde una intención política poco legítima. Eso es lo que tememos que haya podido suceder con la decisión del Gobierno español de forzar a los y las cooperantes estatales a salir de los campos de refugiados de Tinduf con toda celeridad. La excusa: supuestas intenciones de grupos terroristas afincados en el norte de la ahora dividida Mali de secuestrar cooperantes en los campamentos de refugiados saharauis.
Lo primero que chirría de la decisión es la forma en la que ha sido tomada: de un día para otro, sin consulta previa a los agentes implicados (las propias ONGs, la RASD, el Polisario, Gobierno de Argelia) y de forma unilateral, ya que ningún otro estado europeo con ONGs implantadas en los campos de refugiados ha hecho lo mismo y sus cooperantes continúan allí. Lo siguiente es la falta de datos precisos y sus fuentes sobre la información de los posibles secuestros en el Sáhara. Secuestrar a alguien en los campos de Tinduf es una injerencia en territorio de Argelia, si se tiene constancia de que se puede producir un acto ilegal de esa naturaleza se debería haber avisado al Gobierno argelino en primera instancia y escuchado su opinión. Pero cabe otra pregunta más comprometida, ¿de dónde ha obtenido el Gobierno español dicha información? ¿Está en contacto con grupos terroristas vinculados a Al Qaeda con base en el norte de Mali? ¿A qué interés responden esos contactos ilegítimos?
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